Cuando el rehén es la familia

Más de 2.250.000 jóvenes y niñas son secuestradas cada año y obligadas a ejercer la prostitución, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La mayoría de ellas lo hace en países desarrollados. Y un 2% de las chicas recala en España.

Son las víctimas de la trata de mujeres, un negocio que mueve alrededor de unos 9.000 millones de dólares al año. Seducidas con falsas promesas de trabajo, ignorando la verdadera cara que hay detrás del negocio del sexo o simplemente raptadas, las mafias las obligan a prostituirse.

Se convierten así en esclavas sexuales cuyo fin es el de pagar la deuda contraída con los tratantes por sacarlas de su país e introducirlas en el lugar de destino. Estas deudas pueden ir de los 5.000 euros en el caso de las brasileñas hasta los 60.000 para las nigerianas. En caso de no pagar estas cantidades, los familiares de las chicas pagarán las consecuencias.

Las organizaciones que trabajan con las víctimas de este negocio reconocen que no todas las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen obligadas, aunque ese porcentaje es mínimo. “Tan sólo un 10% ejerce de forma voluntaria”, asegura Rocío Mora, de Apramp (Asociación para la Reinserción y Asesoramiento de la Mujer Prostituida). “La mayoría no quiere estar ahí”, afirma Eva, una mujer que ha conseguido salir de la prostitución y que hoy trabaja como mediadora con las que, en algún momento, fueron sus compañeras de profesión.

Una mujer reinsertada asegura que «la mayoría no quiere estar ahí»

Las organizaciones que trabajan en tareas asistenciales a mujeres víctimas de trata insisten en que deje de reabrirse, cada cierto tiempo, el debate sobre la legalización o no de la prostitución. Y exigen que se aborde el problema desde la raíz, es decir, en los países de origen.

El Gobierno reitera que no elude el problema. No piensa así Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que junto a Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya presentaron una interpelación urgente en el Congreso de los Diputados para que se aborde un debate integral sobre la materia y analizar el Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos, en vigor desde el 1 de enero.

Será el próximo miércoles cuando la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, responda a estas cuestiones en la Cámara Baja. Aído ofrecerá un balance de los primeros ocho meses del desarrollo del Plan Integral, que se ejecuta con lentitud.

La chicas no denuncian por temor a que algo les pase a sus parientes

España ratificó el pasado 1 de agosto el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos que data de 2005, en el que se da prioridad a la persecución de los tratantes y conlleva la tipificación del delito de trata.

Esto requiere modificar el Código Penal español, donde no se dotaba de responsabilidad penal a este delito y así adaptarlo a la normativa europea.

Perseguir a los traficantes de mujeres en España, que ha dejado de ser país de tránsito para convertirse en punto de destino, pasa por la necesaria denuncia de la víctima. Algo complicado de conseguir, pues las mujeres viven bajo la amenaza personal y atenazadas por el miedo a no saber qué les podrá ocurrir a sus familias si abandonan la organización, lo que hace que no se decidan a denunciar.

Además, en muchas ocasiones, son los propios miembros de sus familias los que están implicados en el delito. Eso hace que las chicas vivan bajo la coacción de que su entorno descubra a qué se dedican realmente. “Sienten vergüenza. La familia casi nunca sabe a qué se dedica. Además, presionan mucho a las chicas para que sigan mandando dinero, por eso cuando consiguen salir, después de algún tiempo, regresan a la red. La familia ha dejado de recibir dinero y les exiges que sigan enviando”, cuenta Eva.

Por otra parte, la existencia de unos cuerpos policiales corruptos en sus países de origen hace que tampoco se fíen de la Policía y Guardia Civil. “La mayoría de denuncias las conseguimos gracias a las ONG que trabajan con las chicas”, explica Carlos Garrido, inspector de la Policía Judicial de la Guardia Civil, “porque de forma voluntaria ellas nunca van a venir a denunciar nada”.

A todo esto hay que sumar el pánico a ser repatriadas. El 90% de las mujeres víctimas de trata que se dedican a la prostitución son inmigrantes, en su mayoría en situación ilegal. Este hecho se convierte en otro motivo del rechazo a acudir a la Policía.

Auxiliar a una familia en Brasil supone proteger a 15 personas

Uno de los objetivos del Plan es ofrecer garantías individuales a las víctimas para que se decidan a denunciar, como el periodo de reflexión de 30 días. Este plazo impide que la mujer sea expulsada de forma inmediata, como sucedía hasta ahora, pues se le concede un permiso de residencia temporal. También esta medida requiere de modificar la Ley de Extranjería, que se encuentra en la fase de enmiendas.

Algunas organizaciones, como Amnistía Internacional, consideraban que un mes es tiempo insuficiente para lograr la recuperación de la víctima. Igualdad asegura que tan sólo se ha establecido el mínimo pero que dependerá de cada caso.

Sin embargo, por muchas garantías que se pongan a disposición de las víctimas, sus familias siguen a merced de las redes de delincuentes. Estas organizaciones criminales operan en países como Colombia, República Dominicana, Nigeria, Rusia, Ucrania, Rumanía, Bulgaria, Brasil, Croacia, República Checa, Hungría, Marruecos o Polonia, entre otros. Son los países de donde provienen la mayoría de las chicas, según el Ministerio de Igualdad. “Son lugares que carecen de instituciones fuertes, donde el Estado es débil. Por tanto, toda ley es inútil”, subraya Pedro Brufao, autor del informe Prostitución y políticas públicas: entre la reglamentación, la legalización y la abolición.

La Guardia Civil duda de la labor policial en países como Nigeria

En estos países proteger a las familias entraña varias dificultades. Jaquelín Leite, del proyecto CHAME, en Brasil, explica: “Aquí las familias son muy numerosas, ofrecer esta protección supone garantizar la integridad de 15 personas, que en ocasiones viven en lugares donde la Policía ni siquiera puede acceder por estar controlados por otros grupos criminales”.

Una situación que se hace extensiva al resto de los países. Porque no sólo es una cuestión de leyes, sino también de medios. Así, tanto la Guardia Civil como diversas organizaciones que luchan contra la trata, dudan de la eficacia de algunos gobiernos implicados en erradicar este grave delito. “¿Qué efectivos tiene la policía nigeriana, por ejemplo, o México, con un problema como el crimen organizado y el narcotráfico, que tanto tiene que ver con el de tráfico?”, se pregunta el inspector Garrido. Desde Apramp se apunta también a países integrantes de la Unión Europa, como Rumanía, “donde la situación es desoladora, porque es la propia Policía quien se beneficia de este negocio”.

Aunque Rocío Mora y Pedro Brufao coinciden en que los países receptores han hecho grandes esfuerzos en mejorar la lucha policial, reconocen que todavía queda mucho por hacer. “Hoy saben identificar a las víctimas de trata, otra cosa es que sepan intervenir”, recuerda Rocío Mora. Además, el modus operandi de las mafias cambia de forma constante lo que complica las intervenciones: “Dentro de un mes tendrán formas de actuar distintas a las de ahora”. No hay que olvidar los casos, como los de los clubes Saratoga y Riviera en Casteledefels (Barcelona), donde las chicas eran drogadas para que rindieran mejor, y donde se vieron implicados algunos agentes de la Policía.

Además, coincide que estos países poseen un gran déficit educativo a muchos niveles: “En países como Paraguay no hay educación sexual, no se enseña conceptos como igualdad. Allí todavía debes acatar las decisiones del hombre, sólo por el hecho de serlo”, explica Eva.

El trabajo de sensibilización y concienciación recae, casi como una costumbre, en ONG, que reconocen cierta despreocupación por parte de los gobiernos, que creen haber cumplido por haber destinado una determinada cantidad de dinero, “sobre la cual, en algunos casos, nadie ejerce ningún tipo de control”, aseguran organizaciones consultadas por Público.

Atajar el problema de la trata requiere no sólo de una fuerte inversión en educación al desarrollo, para lo que se ha creado un Foro Social, compuesto por administraciones locales y ONG y dotado con dos millones de euros, destinados a subvencionar medio centenar de proyectos; también son necesarias intervenciones efectivas de la policía. En 2008, se desarticularon 263 redes. Recientemente, varias organizaciones han sido desarticuladas, lo que ha implicado la detención de algunos de sus responsables aquí en España. “Pero siempre queda alguien en los países de origen”, culmina Eva.

Público

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